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Permiten premeditación, alevosía y ventaja de criminales

Indolente Fiscalía ante súplicas de mujeres


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29 de agosto de 2011.   A pesar de que Lucero Rubí Pérez denunció amenazas de su expareja, no le brindaron protección y terminó muerta a balazos, el asesino está libre

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Lucero Rubí Pérez Cisneros de 39 años de edad, asesinada de dos balazos en el pecho la mañana del pasado viernes 19 en calles del fraccionamiento Felipe Ángeles, ya había anunciado a la Fiscalía General del Estado que sería asesinada por su expareja, pero como ocurre en otros casos de homicidios de mujeres (feminicidios), las autoridades no le prestaron la suficiente atención.
Hasta sus últimos días laboró como empleada en una lavandería, lo que le daba para mantener a su hija de 19 años de edad y a su hijo de 14, apenas hacía dos años se había divorciado.
“Sólo vivía para sus hijos y a pesar de todo, llevaba muy buena relación con su exmarido”, señalaron sus amistades cercanas.
La mañana del viernes, Lucero Rubí salió del negocio donde laboraba, regularmente salía a la misma hora para ir a comprar algo de comer a un supermercado situado en el periférico de la Juventud.
Al caminar por las calles Domingo Allende y Batalla de Silao, justo detrás de dicho mercado, un individuo se le acercó y muy de cerca le propinó dos disparos en el pecho, que le quitaron la vida de manera instantánea.
Dos sujetos huyeron del lugar y gente que la conocía, aseveró haber identificado a Carlos Peña Olivas, expareja de la mujer, como uno de los que escapaba.
Lucero Rubí había terminado su relación sentimental con él hacía dos meses, luego de unos seis meses de vivir juntos, debido a que empezaron a tener serias diferencias por el trabajo de ella, toda vez que él le pidió en varias ocasiones que dejara de laborar.
“Carlos” trabajaba en un negocio de pinturas, pero de acuerdo con amigos de Lucero, ella no quería dejar de trabajar, porque a ella le correspondía continuar la manutención de sus dos hijos y ya tenía mucho tiempo de trabajar en la lavandería.
El individuo era posesivo y quería mantener el control sobre ella a toda costa, “a ella no le empezó a gustar la forma en que él gastaba el dinero y poco a poco las diferencias empezaron por separarlos”, señaló una amiga de la víctima.
Pero luego de tomar la decisión de separarse de él, empezó también el martirio para Lucero Rubí, pues el individuo mostró una enfermiza obsesión porque ella continuara a su lado y no dejó de buscarla, entonces empezó con amenazas de muerte que ella denunció debidamente ante la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado.
Fue el 2 de julio, cuando el sujeto cometió la primera agresión, le ocasionó heridas con un cuchillo y la dejó gravemente herida, de lo que posteriormente pudo recuperarse; enteró de lo sucedido a la FGE, pero nunca le ofrecieron la debida protección, aunque el sujeto sí logró obtener un “amparo” contra alguna acción legal que pudiera efectuarse en su contra.
A finales del mes pasado, Carlos volvió a actuar y ahora le incendió la casa, Lucero Rubí lo acusó a él directamente, pero la FGE le indicó que no podían hacer nada, pues el plazo de vencimiento del amparo que le habían concedido todavía no expiraba.
Al no obtener respuesta, encaró al personal de la instancia y los culpó de lo que pudiera pasarle, “si algo me pasa la culpa la van a tener ustedes, ya me golpeó, ya me quemó mi casa, ¿qué es lo que están esperando?, ¿que me mate?”, cuestionó a los funcionarios, finalmente así fue, le quitaron la vida.
La mañana del viernes 19 finalmente el sujeto cumplió sus amenazas, la versión señala que fue un solo hombre que se aproximó a ella y le disparó, luego vieron correr a dos hombres.
Carlos, quien ya dejó de asistir a su trabajo, se sabía que su patrón lo buscaba, pues precisamente desde el viernes en que ocurrió el crimen de Lucero Rubí, él dejó de ir a laborar, pero se llevó consigo un vehículo propiedad de la empresa.
“Ella era muy luchona y responsable, ni cuando se separó de su marido tuvo tantos problemas como con este, estamos muy consternados por lo que pasó”, señalaron sus amistades.
De acuerdo con la FGE Zona Centro, la denuncia por violencia familiar la presentó Pérez Cisneros el 9 de julio, después de que fue acuchillada, posteriormente, el 3 de agosto, hizo la ampliación de su declaración por los daños que fueron ocasionados en su domicilio por el incendio provocado.
Al momento en que fue asesinada, se hacían las investigaciones en torno a las declaraciones, periciales obtenidas en el caso, como parte del trabajo de gabinete que se efectúa.
Además, cuentan con un certificado de lesiones, detalles del comportamiento del individuo y mensajes telefónicos donde la acosaba y los antecedentes, además, se había programado una pericial en psicología para complementar la carpeta de investigación.
Ahora, después de consumado el homicidio, se trabaja en la investigación para la localización de este sujeto, pues es la principal línea de investigación, ubica como responsable a Carlos Peña Olivas.
La FGE buscará resolver ahora sí el homicidio y posteriormente hará una auditoría de control interno, para investigar si hubo negligencia u omisión por quienes hacían estas indagatorias.

Suman casi 800 mujeres asesinadas en dos años y medio.
Desde el año 2009 hasta hace una semana, en el estado de Chihuahua han sido asesinadas 796 mujeres, en la mayoría de los casos, sus edades oscilaban entre los 18 y 25 años de edad, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado(FGE).
La cifra en este año es alarmante, pues van ya 222 casos y rebasaron incluso lo registrado en el año 2009, cuando ocurrieron 204 homicidios, de los que 43 ocurrieron en la zona centro, 125 en la región norte, 16 al occidente y 20 al sur de la entidad.
El año pasado, fueron 370 los casos de mujeres asesinadas, de las que 84 fueron en la zona centro, 247 en el norte, 16 en occidente y 23 en el sur.
En lo que va de este 2011, suman ya 222 los asesinatos de féminas, 56 casos en la zona centro, 130 en el norte, 12 en la zona occidente y 24 en la zona sur.
Además, el 90 por ciento de estos 796 casos ya fueron identificadas por las autoridades y las edades que más predominan son las del rango entre los 18 y 25 años con 239 casos, otras 137 cuyas edades oscilaban entre los 26 y 30 años de edad y otros 28 casos de víctimas que eran menores de edad.
De estos casos, 365 cuerpos fueron encontrados en la vía pública, 165 al interior de casas-habitación, 34 en bares o cantinas y otros 37 fueron abandonados en brechas; en 603 casos la causa de muerte fue por ataque con arma de fuego, 62 por golpes contundentes y 44 con arma blanca.
Son 492 los casos en que las autoridades determinaron que el posible móvil del homicidio pudiera relacionarse con la delincuencia organizada, debido a los mensajes que se han dejado junto a los cadáveres, por la forma en que las asesinaron o porque estaban como participantes en hechos delictivos.
La FGE contabilizó además otros 33 casos en que la causa fue presumiblemente por razones pasionales, otros 30 por violencia de género, 11 casos por ataques de tipo sexual, ocho por riña o discusión y otros 16 porque fueron atacadas en un asalto o robo.
Pero la historia de Chihuahua en homicidios de mujeres viene de más de veinte años atrás, tiempo en que las autoridades, como hasta ahora, no rindieron cuentas efectivas sobre estos sucesos.
El Fiscal General del Estado, Carlos Manuel Salas, durante su comparecencia la semana pasada, ante la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, aceptó que la situación en el estado es grave, pues se ha incrementado un 9 por ciento el número de homicidios de mujeres, respecto al mismo periodo del año pasado.
La diputada perredista Teresa Incháustegui, presidenta de dicha comisión, catalogó el caso como un paradigma nefasto en torno a la violencia contra las mujeres, pues agregó que entre 2006 y 2009 se registraron en total 513 casos. "Si se suman los datos registrados en 2009 a los de 2011, se habla de mil 105 homicidios dolosos, que prácticamente representarían 30 por ciento de todos los homicidios dolosos que se están produciendo en el país".
Frente a esta condición, Incháustegui consideró necesario implementar una “alerta de género”, para emprender acciones que permitan combatir la problemática, de la que se busca, consideró, tener mayor conocimiento de los hechos, más previsión sobre los alcances reales de las acciones que se implementan para mejorar el servicio de investigación.
Salas reconoció que el aumento en las muertes de mujeres en el estado, pues de un total de 2 mil 600 homicidios, entre hombres y mujeres, 222 han sido feminicidios, de acuerdo con cifras de la semana pasada.
Dijo que en el caso conocido como Campo algodonero, entre cuyos avances en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya existe una investigación criminalística ministerial con perspectiva de género para identificar a los responsables.
“Sean homicidios dolosos, violencia de género o feminicidios, lo cierto es que son 222 mujeres que han sido asesinadas en Chihuahua y la lucha por reivindicar los derechos de las mujeres ha sido lenta y dolorosa”, sostuvo el fiscal Carlos Manuel Salas.
Acompañaron al Fiscal de Chihuahua la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Ema Saldaña y Armando García Romero, Fiscal de Atención a Víctimas del Delito de la FGE.
“Feminicidios”, más de veinte años de lastre en Chihuahua.
A poco más de veinte años, de que el estado de Chihuahua cobrara renombre a nivel internacional por las constantes muertes de mujeres, las condiciones no han cambiado en mucho, pues los casos aún continúan y en muchos de ellos, sin respuestas concretas por las autoridades.
Varias legislaturas locales y tres gobiernos estatales, en los que sólo se habla de planeación, se hacen opiniones al respecto, pero no se logra establecer algo concreto, que ayude a cambiar esa idea que se tiene en el mundo sobre la entidad.
La semana pasada, la Cámara de Diputados solicitó establecer un estado de alerta de género, ante las 222 muertes de mujeres que van en el año y las 796 que han ocurrido en los últimos dos años y medio.
Pero esta condición, a decir de la diputada priista Liz Aguilera, integrante de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado, es un tanto prematura, más si en el Congreso de la Unión no se conoce la situación real.
“No conocemos las razones para emitir la alerta de género, no la desestimo pero sería prematuro hacerla porque no se puede pedir de manera automática”.
Dijo que en la Comisión que integra, se han tratado temas muy y que “han antepuesto cualquier interés político, para aprobar acciones como la implementación del Protocolo Alba, para la investigación de los delitos, del centro de atención de justicia para las mujeres, el Instituto de la Mujer, que permite fomentar las políticas públicas.
“Nuestro interés es que no se den estos casos, la políticas públicas a implementar deben considerar que ante un riesgo para la mujer, haya canales de atención en lo jurídico y colectivo”.
Por su parte el diputado presidente de la comisión permanente Ricardo Boone, consideró que cuando se trata de agresiones a mujeres, siempre debe haber esa urgencia por investigar y atender, tomar cada caso con la prudencia y responsabilidad que merece.
“A nosotros nos corresponde mejorar el marco jurídico para dar las herramientas a las autoridades, pero debemos verificar también al que es el encargado de aplicarla.
Consideró que la solución es la promoción de los valores, para lo que se requiere que cada quien tenga la posibilidad de participar de una manera más eficaz con la familia, condiciones que según dijo, ellos como diputados “ya promueven en sus respectivos distritos, en coordinación con los municipios”; “por eso es esta descomposición social”, abundó.


   
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